Veinticinco brechas examinadas en la Ley 32069, cuatro sobreviven

Se compararon el régimen de contratación pública derogado y el vigente buscando qué resolvía el primero que el segundo ya no resuelve. De veinticinco candidatas, veintiuna se cayeron al intentar refutarlas. Aquí van las dos que cualquier lector puede comprobar abriendo la norma, el cociente completo y la corrección que este inventario tuvo que hacerse a sí mismo antes de publicar.

Capítulo 1

Veinticinco candidatas, cuatro en pie

La pregunta de partida era simple y tenía trampa: qué resolvía la Ley 30225 y su reglamento que la Ley 32069 y el suyo ya no resuelven. Formulada así, una pregunta de ese tipo casi siempre encuentra lo que busca, porque comparar dos cuerpos normativos de varios cientos de artículos produce diferencias a montones y cualquier diferencia puede vestirse de pérdida.

Por eso el trabajo se organizó al revés. Cada candidata pasó por una fase de refutación cuyo encargo era el contrario del de la fase de búsqueda: probar que la brecha no existe. Se aceptaban tres formas de tumbarla. Que el régimen nuevo resolviera el mismo supuesto en otro artículo. Que la regla que se decía perdida no existiera en el régimen anterior tampoco. Que el supuesto estuviera cubierto por norma especial vigente fuera del reglamento de contrataciones.

Publicar el cociente antes que los hallazgos no es modestia. Es la única manera de que un lector técnico sepa qué está leyendo: si un inventario solo encuentra defectos, o bien el régimen examinado es indefendible, o bien el inventario no buscaba otra cosa. Y de las dos explicaciones, la segunda es siempre la más probable.

Capítulo 2

Qué entra a esta página y qué no

De las cuatro que sobrevivieron, aquí se desarrollan dos. El criterio de selección no fue la gravedad sino la comprobabilidad: son las dos que cualquier lector verifica abriendo la norma y buscando una expresión, sin tener que interpretar a nadie ni creerle a quien escribe.

Las otras dos quedan fuera y conviene decir por qué, porque el motivo es distinto en cada caso. La primera es el concurso de descuentos que pueden caer sobre un mismo pago, que es el material operativo del manual de análisis y se cobra: decirlo es más limpio que disimularlo repartiéndolo en pedazos. La segunda es la ausencia de una cláusula general de conversión de las remisiones a la ley derogada, que es una brecha de técnica legislativa real y sin víctima demostrada: cada caso concreto que se examinó resistió el examen. Publicarla como riesgo de mesa de operaciones sería inflarla, y ese es precisamente el error que este inventario existe para no cometer.

Capítulo 3

La ley mandó liquidaciones parciales y el reglamento no las tiene

Esta es la más limpia del inventario porque no requiere comparar dos regímenes ni interpretar a nadie. Hay un mandato expreso del legislador al reglamento, hay un cumplimiento parcial identificable y falta el resto. Se comprueba con dos lecturas y un buscador de texto.

La expresión liquidaciones parciales, en plural, no aparece ninguna vez en las 249 páginas del Reglamento aprobado por el DS 009-2025-EF. En singular aparece tres veces, y las tres corresponden al mismo artículo 213, cuyo epígrafe delimita su alcance desde el título: «Liquidación parcial en obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción».

Ese artículo se aparta del mandato en tres puntos que se leen uno detrás de otro. Lo ata a un solo sistema de entrega, cuando la Ley habla de los contratos de ejecución de obras en general. Lo organiza por componente, cuando el criterio que la Ley ordena es el plazo de ejecución. Y no contempla ninguna penalidad por incumplimiento, que es justamente lo que la Ley menciona de forma expresa.

La liquidación parcial es el instrumento que cierra tramos y fija saldos mientras el contrato todavía corre. Sin ella, cualquier saldo discutido se arrastra hasta la liquidación final, que es el momento más lejano y el más litigioso de la vida del contrato. Para quien mira una valorización de obra desde afuera, la consecuencia es concreta: la incertidumbre sobre el monto realmente exigible no se cancela nunca durante la ejecución, se acumula.

Capítulo 4

Las otras penalidades: la corrección que este inventario se hizo a sí mismo

Esta brecha entró al inventario como una regresión y salió como otra cosa. Vale la pena contar el recorrido completo, porque el recorrido es más útil que la conclusión.

El reglamento derogado traía un estándar de validez para las penalidades distintas a la mora. Su artículo 161.1 pedía que las penalidades del contrato fueran «objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria», y su artículo 163.1 exigía, para las que no fueran por mora, que fueran «objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación», y que los documentos del procedimiento incluyeran los supuestos de aplicación, la forma de cálculo de cada uno y el procedimiento con el que se verifica el supuesto a penalizar.

Hasta ahí el hallazgo parecía cerrado, y estaba mal cerrado. Faltaba archivar las bases estándar que aprueba la Dirección General de Abastecimiento, y mientras faltaran no se podía afirmar que el estándar hubiera desaparecido del ordenamiento: solo que había desaparecido del reglamento. Al descargarlas apareció esto, en las bases de bienes, de servicios y de obras por igual.

El estándar existe. No desapareció del ordenamiento: bajó de rango y cambió de vehículo. Dejó de ser una regla del reglamento, que es un decreto supremo de alcance general, y pasó a ser una indicación dentro de las bases estándar que aprueba una resolución directoral. Eso es un hallazgo distinto y más pequeño que el que se había formulado, y así queda escrito.

Queda, eso sí, un detalle de forma que no es menor y que también se verifica solo. El párrafo que fija el estándar vive dentro de un bloque de instrucciones al redactor, y ese bloque termina con la frase «Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases». El estándar orienta a quien redacta y no viaja al documento que finalmente lee el postor. Lo que sí viaja es el cuadro, con sus columnas de supuestos de aplicación, forma de cálculo y procedimiento de verificación, que son exactamente el contenido que el reglamento derogado exigía por artículo.

Capítulo 5

Lo que el régimen nuevo mejoró, y hay que decirlo

Un inventario que solo encuentra defectos no es creíble ante nadie que conozca la norma. En el mismo artículo donde se perdió el estándar de validez se ganó otra cosa, y se ganó del lado del contratista, que es quien emite la factura que después alguien financia.

La exposición máxima por penalidades se redujo a la mitad. Quien mire una factura de contrato público con el reglamento nuevo tiene un techo más bajo y más simple de calcular que con el anterior, y eso es una mejora medible que ningún inventario honesto puede omitir.

Hay más en la misma dirección, aunque no toca a este texto desarrollarlas: el plazo de conformidad se acortó de diez a siete días, la retención como garantía subió a rango legal y el reglamento obliga a pagar la parte no cuestionada de una valorización en discusión. El régimen nuevo no es un retroceso. Tiene lagunas, que es otra cosa.

Capítulo 6

El dato de vigencia que zanja qué texto aplica hoy

Esto no es una brecha. Es un dato operativo, de los que cuestan caro cuando se leen tarde, y se publica aquí porque cerrarlo exigió cruzar tres documentos y el resultado sirve a cualquiera que trabaje con obra pública.

El DS 001-2026-EF modificó 123 artículos del Reglamento y se publicó el jueves 8 de enero de 2026. Su Disposición Complementaria Final Única no lo puso en vigor de inmediato: lo ató a un hecho futuro. Entra en vigor «a partir del día siguiente de la publicación en el diario oficial El Peruano de la Resolución Directoral que aprueba la modificación» de la directiva de bases estándar aprobada por la RD 0015-2025-EF/54.01.

Esa resolución existe. Es la RD 0001-2026-EF/54.01, expedida en Lima el 9 de enero de 2026 y publicada en El Peruano el martes 13 de enero de 2026. La condición se cumplió, de modo que el DS 001-2026-EF rige desde el 14 de enero de 2026.

Son resultados de caja opuestos sobre la misma valorización de obra, y hoy rige el segundo. Quien esté aplicando el texto anterior a un contrato en ejecución está reteniendo un dinero que ya corresponde devolver.

Capítulo 7

Las fuentes, con su hash

Toda afirmación de esta página se comprueba contra un archivo guardado. Cada norma se descargó de su fuente oficial, se guardó sin modificar y quedó registrada con su sha256 y su fecha de captura. La tabla es la lista completa de lo que hizo falta para escribir esto.

Nota. Cada archivo se descargó de su fuente oficial y se guardó sin modificar; el hash que figura es el inicio del sha256 del archivo tal cual llegó. Las fechas de captura son las del repositorio de Cautela. Elaboración propia.

El texto consolidado del reglamento derogado merece una nota aparte. No existe un consolidado oficial gratuito de fácil acceso: el que publicaba el organismo supervisor bajo un nombre parecido corresponde en realidad al reglamento nuevo, y el compendio concordado del Ministerio de Justicia exige suscripción. El que se usó aquí es el consolidado que el propio Sistema Peruano de Información Jurídica publica en abierto, con corte en marzo de 2024. Se verificó además, una por una, que ninguna de las cuatro modificatorias del reglamento derogado tocara los artículos 161 y 163.

Capítulo 8

Lo que no se puede afirmar

Esta sección existe en todos los documentos de Cautela y no es un formalismo. Lo que sigue no se sabe, y no saberlo cambia el peso de lo que sí se afirma arriba.

No se puede afirmar con qué frecuencia concurren en un mismo contrato las corrientes de descuento que pueden caer sobre un pago. Ese dato saldría de la plataforma de contrataciones y no está en el archivo, de modo que cualquier estimación de monto agregado sería inventada.

No se puede afirmar que no exista pronunciamiento de la Dirección Técnico Normativa sobre ninguno de estos puntos. Solo se puede afirmar que no consta en el archivo de este proyecto, que es una afirmación mucho más débil y hay que decirla así.

No se puede afirmar que el artículo 213 sea la única regulación de liquidación parcial en todo el ordenamiento. Se comprobó el reglamento completo; no se revisaron directivas posteriores a enero de 2026.

No se puede afirmar el impacto en soles de ninguna de estas lagunas para una cartera concreta sin leer el contrato. Todo lo que se diga en agregado es ilustración y así queda rotulado.

Y no se puede afirmar cuál es el número de artículo del Reglamento de la Cámara de Diputados, vigente desde el 27 de julio de 2026, que recoge hoy los requisitos de las proposiciones de colegios profesionales. La fuente devolvió un error de acceso y quedó sin verificar.

Trabajo de comparación normativa cerrado el 4 de agosto de 2026 sobre los textos archivados que figuran en el capítulo 7. Elaboración de Cautela.