Quien compra una factura del Estado compra un pagador, no un promedio
El último corte publicado del Registro Nacional de las MYPE Acreedoras del Estado es un archivo de texto separado por comas que el portal de datos abiertos declara modificado por última vez el 1 de octubre de 2025. Cautela lo descargó el 3 de agosto de 2026 y le calculó su resumen sha256, cuyo prefijo es 2aee394a63a3d1ec…. El archivo trae 9 482 filas. La columna de monto suma S/ 424 609 388,91.
Dieciocho columnas describen cada fila. Una nombra al acreedor por RUC y razón social, otra a la unidad ejecutora que debe, otra al nivel de gobierno, otra al domicilio fiscal del acreedor. La que identifica el papel se llama DOC_DEVEN_O_SENTEN_JUDI, es decir documento devengado o sentencia judicial, y admite las dos cosas bajo el mismo encabezado. Ninguna columna del corte guarda una fecha. No hay día de emisión, no hay día de conformidad y no hay día de giro. El archivo dice cuánto y a quién le deben, y no dice cuándo.
Del lado del acreedor, ese corte cuenta 5 331 RUC distintos. Del lado del pagador cuenta 1 701 unidades ejecutoras, y entre ellas figura la Municipalidad Distrital de Acobambilla, en Huancavelica, que el capítulo anterior eligió por mediana y no por extrema: ahí cobra el acreedor mediano del archivo, y los documentos que hoy tiene abiertos son los mismos que ya le registraban las entregas anteriores del registro.
Ese archivo es la mitad que Cautela puede medir. La otra mitad la publica el Ministerio de la Producción, que desde 2015 lleva la estadística mensual de la factura negociable y la difunde en un reporte con cinco secciones. La edición de febrero de 2026, capturada el 4 de agosto de 2026, dedica su noveno gráfico al tamaño de las empresas que se financian con el instrumento.
Un factor que descuenta una factura compra un derecho de cobro contra un tercero que no firmó el contrato de descuento. El precio de esa compra se arma con dos piezas: el tiempo, que se cotiza como tasa, y la probabilidad de que el tercero pague, que no está escrita en el documento y que el factor estima por fuera. Cuando el tercero es el Estado peruano, además, no es un tercero sino muchos: paga la unidad ejecutora, con su presupuesto, su secuencia ejecutora y su propio historial, y ese historial solo existe si alguien lo reconstruye documento a documento.
Dos poblaciones bajo un mismo nombre
La estadística oficial del mercado se construye sobre el otro extremo de esa operación, el que vende, y ahí el mercado se parte según lo que se cuente. Contadas por empresa, el reporte de febrero de 2026 del Ministerio de la Producción pone a la micro y pequeña empresa en 82,0 % de las que se financiaron con factura negociable. Contado por dinero, la misma edición de febrero de 2026 del Ministerio de la Producción le da a la gran empresa 70,1 % del monto negociado. Las dos frases salen del mismo gráfico.
Ninguna de las dos lecturas es falsa. La primera cuenta empresas y la segunda cuenta soles, y el mercado que describen no coincide en casi nada más que en el nombre. Esa misma edición de febrero de 2026 de la Oficina de Estudios Económicos deja a la micro y pequeña empresa, que es la mayoría de las financiadas, en 26,0 % del monto negociado.
La misma forma del otro lado del documento
El registro de deuda del Estado permite mirar esa misma partición desde el otro lado, con una advertencia que va antes que el dato: no es el mismo universo. El Ministerio de la Producción cuenta empresas que negociaron una factura, y el registro cuenta acreedores con deuda reconocida y todavía impaga. Con esa salvedad puesta, la silueta se repite. El corte capturado el 3 de agosto de 2026 trae 5 331 acreedores con RUC. De ellos, 3 727 aparecen con un solo documento a su nombre.
Un documento único no describe a un proveedor recurrente del Estado, describe una operación suelta. En el otro extremo del mismo corte, los quinientos acreedores mayores por monto reúnen 80,0 % de la deuda que el archivo reconoce. El registro tiene entonces una mayoría de acreedores con un papel cada uno y una minoría que carga casi todo el dinero.
| Fuente y corte | Qué cuenta cada fila | Los pequeños, en número | Los grandes, en monto |
|---|---|---|---|
| Ministerio de la Producción, reporte de febrero de 2026, gráfico 9 | Empresa que se financió con factura negociable | Micro y pequeña empresa: 82,0 % de las empresas | Gran empresa: 70,1 % del monto |
| Registro Nacional de las MYPE Acreedoras del Estado, corte 10 | Documento de deuda reconocida e impaga | Con un solo documento: 3 727 acreedores | Los cien mayores: 48,3 % del monto |
Nota. Las dos filas no son comparables entre sí ni se pueden sumar: la primera cuenta empresas que negociaron una factura en el mercado y la segunda cuenta acreedores con deuda reconocida y todavía impaga por entidades del Estado. Se ponen juntas porque la forma se repite, no porque midan lo mismo. Fuentes: Ministerio de la Producción, reporte de febrero de 2026, capturado el 4 de agosto de 2026; Cautela sobre el corte 10 del registro, con 5 331 acreedores, capturado el 3 de agosto de 2026.
La composición de ese padrón agrega un rasgo que la estadística del mercado no recoge. De los acreedores del corte, 1 062 tienen RUC de persona natural con negocio. Otros 4 262 tienen RUC de persona jurídica. El reporte del Ministerio de la Producción clasifica por tamaño de empresa y no por tipo de contribuyente, de modo que esa diferencia no aparece en ninguna serie publicada.
Conviene decir qué no prueba este cruce. El registro no afirma que alguno de esos documentos se haya cedido a un factor: no trae ese campo, y en el repositorio de Cautela no consta una sola cesión de factura pública. Lo que sí aporta es lo que la estadística del mercado no tiene, la conducta del pagador, entidad por entidad y corte por corte.
El registro deja ver además algo que ninguna ficha de cliente muestra: contra cuántas entidades cobra a la vez un mismo acreedor. En el corte capturado el 3 de agosto de 2026, 121 acreedores tienen deuda reconocida de tres o más unidades ejecutoras distintas. El ebook gratuito anterior de Cautela sobre los pagadores del Estado, publicado en cautela.pe, ya trae ese reparto completo y el monto mediano por acreedor; aquí entran solo como recordatorio.
Queda una pieza del mecanismo que decide cómo se lee todo lo anterior. Cuando un documento deja de aparecer entre un corte y el siguiente, el método lo cuenta como resuelto, y resuelto no es pagado. Un documento sale del registro porque la entidad giró el dinero, porque un juez lo ordenó, porque hubo compensación o porque la entidad corrigió su propio reporte. El archivo no distingue cuál de las cuatro ocurrió, y como no trae ninguna fecha, tampoco permite medir cuánto tardó. Lo que el factor hereda cuando compra ese documento es también esa opacidad, y ninguna estadística del mercado la reporta.
Esa opacidad solo se acota de una manera, y es mirando más de un corte. Una foto no distingue un documento que acaba de entrar de otro que lleva un año esperando. Por eso Cautela no mide sobre el corte sino sobre la serie: cada documento se sigue por entidad, RUC y número a lo largo de toda la serie publicada entre julio de 2024 y octubre de 2025. Ese seguimiento cubre 27 246 documentos. De ellos, 17 790 dejaron de aparecer en un corte posterior.
La tasa de resolución global de esa serie llega a 65,29 %, contando como resuelto todo documento que salió del archivo por cualquiera de las cuatro vías. Es una tasa de salida del registro y no una tasa de pago, y se publica con ese nombre.
El promedio, otra vez, esconde la dispersión. El registro deja ver 2 429 entidades a lo largo de la serie. Apenas 750 de ellas reúnen los documentos que Cautela exige como piso para calcular una tasa por entidad. El acreedor que vende su factura no elige a cuál de las dos listas pertenece su pagador.
¿De dónde salió la regla que volvió vendible una factura peruana sin volverla cobrable, y quién decidió cuándo empieza a correr el plazo?
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