Sanción en litigio: cuántos grandes proveedores del Estado contratan con una inhabilitación suspendida

Universo y método

La contratación pública agrupa una parte sustancial del gasto del Estado peruano y su calidad depende de que el riesgo del contratista se lea de forma precisa. La Ley N.° 32069 (2024) ordenó la materia en torno al principio de valor por dinero, que exige adjudicar a la oferta más ventajosa a lo largo del ciclo de vida y no al precio más bajo considerado de forma aislada. Dentro de ese marco, el artículo 49.2 introduce el perfil de riesgos como componente obligatorio de la estrategia de contratación.

El universo del estudio son los 1000 proveedores con mayor monto adjudicado entre 2019 y 2025. El menor de ese grupo superó los S/ 28,5 millones y la suma del grupo alcanzó S/ 115,4 mil millones. Cada RUC se verificó de forma individual contra la ficha viva del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aplicando una regla de firmeza que solo cuenta una sanción como vigente cuando es firme, no está vencida y no está suspendida por el Poder Judicial. El procedimiento enriquece el propio universo de contratación y no recurre a padrones de terceros.

Análisis

Dos hallazgos ordenan la lectura. El primero es que ninguno de los 1000 mayores proveedores presenta una inhabilitación firme y vigente. Este resultado es en parte estructural, porque una inhabilitación firme y vigente impide por definición contratar con el Estado, de modo que quien más gana hoy no puede sostener una activa. La observación conviene tratarla como control de consistencia del dato y no como prueba de que los grandes proveedores estén libres de riesgo.

El segundo hallazgo concentra el valor del estudio. Un grupo de 23 empresas mantiene una sanción de inhabilitación que un juez suspendió por medida cautelar, y esas empresas suman S/ 5 957 millones en adjudicaciones. La medida cautelar es un acto procesal que suspende los efectos de la sanción mientras se resuelve el fondo, de manera que la empresa queda habilitada para contratar aunque la sanción exista. El dato registra un hecho verificable y no un juicio sobre la culpabilidad de esas empresas.

Diagnóstico y lectura de riesgo

La categoría de sanción suspendida por medida cautelar es precisamente la que un tratamiento binario del riesgo representa mal. Una lista negra que la marca como sancionada incurre en una afirmación inexacta, porque la inhabilitación está suspendida y la empresa está habilitada. La omisión de la sanción, frecuente en los buscadores de licitaciones, la presenta como limpia y pierde una señal relevante para un comité de crédito. La literatura sobre contratación pública señala que la reducción de la discrecionalidad y la corrupción requiere transparencia y criterio técnico sobre el riesgo, y no solo el cumplimiento formal de la norma (Sánchez, 2023; Terrones-Jancco y Castillo Andia, 2025).

Para una entidad financiera que descuenta facturas contra contratos del Estado, la existencia de una inhabilitación en litigio es información que el artículo 49.2 de la Ley N.° 32069 (2024) trataría como parte del perfil de riesgos de la operación. El presente estudio no recomienda excluir a ninguna empresa. Propone que la categoría se presente de forma explícita, con la resolución oficial como fuente, para que la revisión de crédito la pondere con derecho de réplica del proveedor.

Límites del estudio

• El universo son los 1000 mayores proveedores por monto, con umbral de S/ 28,5 millones. El resto del universo de contratación queda fuera de esta corrida y se procesa por separado.
• El valor cero de inhabilitaciones firmes y vigentes es en parte estructural, porque la inhabilitación firme impide contratar. No debe interpretarse como ausencia de riesgo.
• La medida cautelar caduca. El resultado es un corte fechado, no un estado permanente, porque una resolución judicial puede levantar la suspensión y devolver la sanción a firme.
• Las multas no entran en esta clasificación, porque se tratan de forma separada según su estado de pago.

Conclusiones

• Primera. Entre los 1000 mayores proveedores del Estado no figura ninguna inhabilitación firme y vigente, resultado consistente con el hecho de que una inhabilitación firme impide contratar.
• Segunda. Un grupo de 23 empresas mantiene una inhabilitación suspendida por medida cautelar y concentra S/ 5 957 millones en adjudicaciones, lo que define una categoría de riesgo intermedia y verificable.
• Tercera. Esa categoría requiere una presentación factual, anclada a la resolución oficial, que evite tanto la afirmación inexacta de una lista negra como la omisión de la señal.

Referencias

• Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. (2024, 24 de junio). Diario Oficial El Peruano.
• Sánchez Ramírez, S. V. (2023). Mecanismos de digitalización y transparencia en los procesos de licitaciones y compras en el Perú. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2(10). https://doi.org/10.46377/dilemas.v2i10.3511
• Terrones-Jancco, J. M., y Castillo Andia, V. G. (2025). Hacia una nueva era en las contrataciones públicas: integrando los principios de valor por dinero e innovación en el marco legal peruano. Revista Digital de Derecho Administrativo, (34), 43-73. https://doi.org/10.18601/21452946.n34.03

Fuentes oficiales