El Estado adeuda S/ 424,6 millones a 5331 proveedores MYPE, y siete de cada diez soles los debe un municipio

Universo y método

La factura negociable convirtió las cuentas por cobrar del sector público en un activo financiable, y con ello trasladó a las empresas de factoring una parte del riesgo de pago del Estado. Ese traslado tiene una consecuencia poco discutida: quien descuenta una factura girada contra una entidad pública asume el comportamiento de pago de esa entidad, no solo la solvencia del proveedor que la emite. La evaluación de riesgo que solo mira al proveedor deja fuera al obligado principal, que es la entidad. Este estudio observa esa mitad omitida.

El universo es el Registro Nacional de las MYPE Acreedoras del Estado, publicado como dato abierto por el Estado peruano. El registro consigna, por cada documento impago, el registro único de contribuyentes del acreedor, la entidad ejecutora deudora, el nivel de gobierno, el tipo de documento y el monto adeudado. El archivo analizado corresponde al corte décimo del registro, con huella criptográfica 2aee394a registrada en la trazabilidad del estudio. La unidad de análisis es el documento impago, y las cifras agregadas se calculan sobre la totalidad de sus 9482 registros.

Análisis

El primer hallazgo es de concentración por el lado del deudor. Las diez entidades con mayor deuda reúnen el 32,5 % del monto, las cincuenta primeras el 57,8 % y las cien primeras el 69,7 %. La entidad con mayor deuda registrada es la Municipalidad Provincial del Callao, con S/ 39 384 750 distribuidos en 43 documentos y 27 acreedores. Esta concentración importa porque significa que el riesgo de pago del sector público no está repartido de manera uniforme entre las 1701 entidades, sino que se acumula en un grupo reducido que puede identificarse por nombre.

El segundo hallazgo es de dispersión por el lado del acreedor. La mediana de lo adeudado a cada proveedor es de S/ 6750, frente a un promedio de S/ 79 649, y el 55,4 % de los acreedores espera menos de S/ 10 000. La distancia entre mediana y promedio indica que unos pocos acreedores grandes elevan el promedio mientras la mayoría son microempresas que esperan sumas pequeñas. Para ese perfil de acreedor, el retraso no es un problema de rentabilidad sino de caja, y explica por qué la factura negociable se volvió un instrumento de uso extendido.

El tercer hallazgo vincula ambos lados. De los 5331 acreedores del registro, 3477, equivalentes al 65,2 %, aparecen también como proveedores adjudicados o como ejecutores de obra pública en el universo de contratación analizado por Cautela, y concentran S/ 355 046 039 de la deuda. Es decir, la mayoría de los acreedores impagos no son proveedores ocasionales, sino empresas que siguen contratando con el Estado mientras esperan el pago de trabajos anteriores.

Diagnóstico y lectura de riesgo

La lectura financiera de estas cifras es directa. Cuando una empresa de factoring descuenta una factura girada contra una entidad pública, el dato decisivo no es únicamente si el proveedor tiene sanciones vigentes, sino si la entidad obligada al pago ya arrastra deuda registrada con otros proveedores. El registro permite responder esa pregunta por nombre de entidad y con monto, y esa respuesta antecede a la operación en lugar de descubrirse al vencimiento.

La lectura de política pública es igualmente directa. El 69,8 % del monto adeudado corresponde a gobiernos locales, que son también las entidades con menor capacidad administrativa. La deuda con proveedores pequeños opera entonces como un costo financiero trasladado hacia el eslabón con menos margen, porque la microempresa que espera S/ 6750 termina financiando a la entidad o descontando la factura con un castigo que refleja ese riesgo de pago.

Límites del estudio

• El registro consigna deuda reconocida y registrada. La deuda no registrada, la que está en litigio y la que aún no vence quedan fuera, de modo que las cifras deben leerse como un piso y no como el total.
• El corte analizado es el décimo del registro. Los cortes anteriores existen y permiten construir una serie, pero no se acumulan entre sí, porque sumarlos contaría la misma deuda más de una vez.
• El cruce con el universo de contratación se realiza por registro único de contribuyentes y alcanza al 65,2 % de los acreedores. El 34,8 % restante no aparece en el universo analizado, lo que no significa que no haya contratado con el Estado, sino que no figura en las fuentes cruzadas.
• La condición de acreedor impago no constituye por sí misma un indicio de irregularidad del proveedor. El proveedor es aquí el acreedor, y la obligación incumplida corresponde a la entidad.

Conclusiones

• Primera. El Estado peruano mantiene S/ 424 609 389 de deuda registrada con 5331 proveedores MYPE, repartidos en 9482 documentos impagos, de los cuales el 83,1 % son facturas.
• Segunda. La deuda se concentra en el deudor y se dispersa en el acreedor: diez entidades reúnen el 32,5 % del monto, mientras que el 55,4 % de los acreedores espera menos de S/ 10 000.
• Tercera. Siete de cada diez soles adeudados corresponden a gobiernos locales, que son el nivel con menor capacidad administrativa y el más frecuente entre las entidades con deuda concentrada.
• Cuarta. El 65,2 % de los acreedores impagos sigue activo como proveedor del Estado, de modo que el retraso convive con la contratación en lugar de interrumpirla.
• Quinta. La evaluación de riesgo de una factura girada contra el sector público resulta incompleta si observa únicamente al proveedor, porque el obligado al pago es la entidad y su comportamiento está documentado en una fuente pública.

Referencias

• Ley N.° 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial. (2010, 7 de diciembre). Diario Oficial El Peruano.
• Ley N.° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. (2013, 2 de julio). Diario Oficial El Peruano.
• Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2015). Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, Resolución SBS N.° 4358-2015.
• Registro Nacional de las MYPE Acreedoras del Estado. (2026). Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Estado peruano.

Fuentes oficiales